Yolanda Pizarro

Yolanda Pizarro, especialista en temas de género e inclusión: “La incorporación de la perspectiva de género, tanto en políticas públicas como privadas, tiene que ir acompañada de un cambio cultural”


 

Estudió Educación Parvularia, aunque su carrera tomó otro curso. Uno que la especialista en temas de género, inclusión y diversidad, Yolanda Pizarro, no imaginó, pero que le hizo sentido. Y es que su motivación, cuenta, siempre ha sido la lucha por los derechos de las mujeres. Así fue como esta doctora en Educación de la Universidad Pompeu Fabra y diplomada en Género y Educación de la Universidad La Sapienza, Italia; se ha dedicado por más de 15 años a asesorar al Estado –y también al sector privado- en la promoción de políticas con perspectiva de género. “Hemos avanzado, pero si ese avance no se acompaña de un cambio cultural, se va a demorar mucho más. Hay que mover la aguja un poco más rápido”, dice sobre la incorporación de este enfoque en las políticas laborales.

Por su trabajo, en 2017, fue reconocida por El Mercurio dentro de las “100 Mujeres Líderes de Chile” y en 2021 premiada por el Women Economic Forum como “Mujer Icónica que inspira a otras Mujeres”. Además, actualmente Yolanda es directora de equidad de la consultora Lares Hub -que trabaja en temáticas de diversidad e inclusión- y parte del directorio de Fundación Wazú, una organización que busca el crecimiento y desarrollo laboral de personas en situación de discapacidad física, motora y/o sensorial. Respecto a la Ley de Inclusión Laboral, que ha tenido una compleja instalación desde las empresas, Pizarro sostiene que Chile es un país donde la diferencia es poco valorada y genera resistencia. “Además, hay un tema práctico y es que, cuando hay personas en situación de discapacidad, las empresas se tienen que adaptar -instalar baños o rampas- y no todos están dispuestos a asumir ese costo. Eso genera la reticencia de incorporar más personas, entonces pasa que las organizaciones cumplen con el mínimo que la Ley estipula para no ser sancionados”.

Eres Educadora de Párvulos de profesión, aunque tu carrera tomó otro curso, dirigiéndose hacia los temas de género e Inclusión, ¿Pensaste que esto iba a ser así?

No, para nada. Estudié Educación Parvularia, siempre con el foco en las madres de los niños que asistían a los jardines infantiles públicos. Mi curiosidad era ver cómo ellas lograban insertarse en el mundo del trabajo, teniendo la posibilidad de que sus hijos estuvieran bien cuidados, educados y alimentados. Trabajé poco tiempo en sala, después transité a ser directora, encargada de programas y así fui desarrollando mi carrera hasta llegar a la gestión de las políticas públicas con perspectiva de género. Me fui especializando en esta temática, y he trabajado para diferentes gobiernos, asesorando al Estado. Y es que no solo me llamaba este tema, sino que sabía que había que hacer cosas, mediante la instalación de políticas que se hicieran cargo de los problemas de las mujeres. 

En tu página web, hay una descripción llama la atención y es la siguiente: “He vivido de cerca los abusos y las diferentes violencias de género, pudiendo reparar esos dolores, y desde esa fuerza y convicción me paro para trabajar con y para ustedes”. ¿Te referías a alguna situación en particular?

Soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia, y eso me marcó mucho, porque en ese momento no había espacios de contención, de acogida o apoyo psicológico. No existía. Me fui fortaleciendo entorno a esa realidad vivida, porque no quería que amigas o compañeras les pasara lo mismo que me pasó a mí siendo una adolescente de 12 años. Más adelante, tuve la posibilidad de reparación mediante un proceso de acompañamiento y dije bueno, tengo que, de alguna manera, contar esta experiencia en espacios resguardados, para luego acoger, contener y derivar. Después estudié Mediación Familiar, y me preparé entorno a temas de violencia sexual, y fui teniendo un soporte teórico más sólido para apoyar. 

¿Con eso sientes que pudiste resignificar tu historia? 

Debe ser por mi personalidad y construirme desde lo positivo, pero nunca me quise ver como una víctima. De hecho, esta situación yo la compartí ahora de adulta y lo hice gracias al momento en que Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo hacen pública sus denuncias en contra el ex sacerdote Fernando Karadima. Pensé ‘si ellos tuvieron el valor, por qué yo no puedo contar mi historia para poder ser vocera y referente de otras personas’. Me interesaba contar cómo re-signifiqué esto y cómo pude rearmarme y estar hoy donde estoy. Son cuestiones que tienen que ver con la impronta que uno le pone a esos dolores para resignificarlos e instalarse en la vida sintiéndome agradecida. Siento que tengo una responsabilidad ética de devolverle a la sociedad la posibilidad que tuve de reparar este dolor. Ese es mi sentido. 

Llevas trabajando 15 años como asesora de género en espacios públicos, ¿Con qué escenario te encontraste cuando recién llegaste a desempeñarte en este rol?

Yo creo que hace 15 años había una mayor resistencia, porque la incorporación de la perspectiva de género, tanto en políticas públicas, como privadas, tiene que ir acompañada de un cambio cultural. Y esa sensibilización no estaba, era más difícil. Hoy, diría que hay un mayor compromiso, aunque no siempre va a acompañado de recursos. Ahora, tenemos -por un lado- un gobierno que se declara feminista y eso se ha demostrado con algunos hechos, como -por ejemplo- la instalación de la ministra de la Mujer en el Comité Político, o el hecho de retomar proyectos de Ley que no habían sido aprobados como el de Violencia Integral, o el pensar en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que es clave para que mujeres puedan ingresar al mundo del trabajo. Por otro lado, hay empresas inteligentes que recogen el valor de la diversidad en directorios y equipos de trabajo, y que se ocupan de sensibilizar, capacitar, elaborar políticas y protocolos de prevención de acoso. Entonces, hemos avanzado, pero si ese avance, no se acompaña de un cambio cultural, esto se va a demorar mucho más. Hay que mover la aguja un poco más rápido. 

En tu experiencia, ¿Dónde hay más trabas para generar estos avances? ¿En el sector público o privado? 

Son espacios distintos. Por ejemplo, en lo privado, cuando hay una multinacional instalada en Chile, que viene con políticas de equidad de género desde su matriz que está en Europa, resulta mucho más fácil implementar esa perspectiva. Con lo público, en su momento, fue más lento porque no había un piso claro. El Servicio Nacional de la Mujer no daba abasto para entregar todas las herramientas y capacitar, entonces fue un proceso más lento. En ese contexto, la empresa privada tiene un ganancia a lo que era anteriormente el servicio público, aunque hoy creo que están en igualdad de condiciones, y me encantaría que entraran en una sana competencia para ver quién se instala más rápido con una perspectiva de género.

¿Hacia qué áreas o puntos críticos deberían dirigir los esfuerzos las organizaciones o el Estado para hacer del trabajo, un espacio más igualitario?  

Creo que el foco debe estar en un Sistema Nacional de Cuidados porque en la medida que la mujer tenga resuelto el tema con quién dejar a sus hijos, va a poder trabajar y con esa autonomía económica, se van a evitar situaciones de violencia. Tenemos que instalar esto luego. En segundo lugar, aprobar la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque con esos dos focos, podemos disminuir la tasa de femicidios del país que es algo independiente al gobierno con el que estés trabajando. 

A 4 años de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, menos del 40% de las empresas contrata a personas en situación de discapacidad. Como parte del directorio de la Fundación Wazú, ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿En qué estamos fallando?

Hay un tema de fondo, y es que este país es muy conservador y lo diferente asusta, ya sea por una discapacidad intelectual o física. Genera distancia. Además, hay un tema práctico y es que, cuando hay personas en situación de discapacidad, las empresas se tienen que adaptar -instalar baños o rampas- y no todos están dispuestos a asumir ese costo. Eso genera la reticencia de incorporar más personas, entonces pasa que las organizaciones cumplen con el mínimo que la Ley estipula para no ser sancionados. No ven el valor y aporte que las personas en situación de discapacidad le pueden entregar a esos espacios.