La violencia de género ha sido uno de los focos de conversación en nuestro país hace décadas. Y, a pesar de que actualmente la violencia de género es un tema que se discute abiertamente, y no por debajo de la mesa, a medida que hemos avanzado en equidad de género, paridad y más medidas para subsanar la brecha de derechos entre hombres y mujeres, también han surgido nuevos escenarios en los que las vulneraciones a los derechos de la mujer son regulares y gozan de total impunidad. En marzo de este año, se aprobó de forma transversal en el Congreso la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, lo que permite que el proyecto ahora pueda ser finalmente promulgado como ley.

Si bien existen múltiples temas relacionados a las medidas de protección que son vitales para las víctimas de violencia de género, quizás uno de los cambios fundamentales de la nueva ley es la actualización de lo que entendemos por violencia de género. La nueva ley incorpora temas como violencia económica y gineco-obstétrica además del abuso físico, psicológico y sexual. 

Al ampliar la definición, la nueva ley contra la violencia a la mujer en Chile pone en el centro un enfoque integral que reconoce la naturaleza multifacética de la violencia a la que muchas mujeres se enfrentan con total indefensión. Además del abordaje holístico de la protección a las mujeres tanto en la esfera pública como privada, la ley incluye otras modificaciones relevantes:

1. Fortalecer el apoyo

Si bien las mujeres cuentan con instancias de ayuda y asesoría frente a situaciones de violencia, muchas veces estos sistemas de apoyo son insuficientes. La nueva ley robustece instituciones y programas que ya existen para asistir a víctimas de violencia de género e introduce un mecanismo de supervisión judicial de medidas cautelares para garantizar su cumplimiento.

Según lo indicado en una publicación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, “la ley fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género;  incorporará a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos; y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando además, la revictimización”.

2. Educar para prevenir

Uno de los puntos que generó debate en la nueva ley fue la incorporación de una normativa de educación no sexista como parte de las innovaciones que trae la regulación. Bajo la convicción de que educar es fundamental para prevenir, la nueva ley contempla la implementación de programas educativos destinados a prevenir la violencia contra la mujer, promover la igualdad de género y respetar los derechos de las mujeres como derechos humanos fundamentales. Sin embargo, este punto fue rebatido por algunos parlamentarios que pidieron el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este aspecto de la propuesta. A principios de abril, el TC falló en contra de la moción de inconstitucionalidad y la educación no sexista sigue siendo un punto clave de la ley.

3. Una protección integral

Antes de la nueva legislación, el marco legal en Chile para proteger a las mujeres de la violencia de género se repartía en diferentes normativas que, fragmentadas, se volvían ineficaces para abordar las diversas formas de abuso que las mujeres podían enfrentar. Las leyes anteriores no abarcaban completamente la amplia gama de escenarios de abuso, dejando lagunas significativas en la protección y el apoyo a las víctimas, convirtiendo todo el sistema de ayuda en un rompecabezas difícil de resolver.

Siendo sin dudas un gran avance, la nueva medida legislativa es solo un paso en el camino de la lucha contra la violencia de género. Y es que la ley que comenzó su tramitación legislativa en 2017 ya muestra algunas grietas en su construcción. La tecnología es un ítem difícil de contemplar de forma adecuada cuando los procesos de discusión de las leyes se entrampan y duermen en el Congreso por meses o años. El mundo se mueve cada vez más rápido, sobre todo en la era digital. Y, a pesar de los esfuerzos, temas como acoso y violencia digital, el revenge porn, los deep fakes que se crean con inteligencia artificial y otras vulneraciones de derechos de las mujeres que tienen lugar en la web, ya están quedando fuera del campo de la renovada regulación.